Eleuterio Benítez González*
La Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, establece en su artículo 2 (principios), en su literal “i”, como uno de sus principios, “La democracia, el Estado de Derecho, la promoción de instituciones sólidas, eficaces, inclusivas y transparentes que rindan cuentas, la seguridad humana, y promoción de la cultura de paz”, y en su artículo 4 (Objetivos y criterios de actuación), en el literal “d”, establece “Promover la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, impulsar la democracia local, y construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, con instituciones sólidas, eficaces, responsables y accesibles para toda la ciudadanía y que hagan frente a las distintas manifestaciones de violencia, como finalidad última y a la vez condición necesaria del desarrollo sostenible, la seguridad humana y la paz. Propiciar una sociedad fuerte, un espacio cívico abierto y propicio para la participación democrática, la cultura de paz, y un adecuado reconocimiento de la memoria democrática”. Tales textos están en plena concordancia con el objetivo 16 de desarrollo sostenible “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, bajo el entendido que para lograr los ODS son necesarias sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
La Ley 1/2023, de 20 de febrero es posterior al Programa Democracia concebido e impulsado por la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo (AECID) y la Fundación Carolina en 2022, Programa Democracia – aecid.es, no sabemos qué balance ha hecho la AECID de su realización, del resultado de los cuatro encuentros realizados en igual número de país de América Latina (Por un nuevo contrato social. Renovar la democracia para no dejar a nadie atrás), pero la necesidad de lucha por la democracia, de ser efectivos en el fortalecimiento de la misma en algunos países y de su restablecimiento en otros, es cada día más apremiante y de actualidad, y reta la consecuencia y la firmeza de España con su constitución, con la Ley 1/2023, de 20 de febrero, y con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente con el objetivo 16.
España, los demás países de la Unión Europea y los restantes de la comunidad democrática del mundo, tienen un reto con los ocurrido en Venezuela el 28 de julio de 2024. Un régimen que perdió las elecciones presidenciales, que dice haber ganado sin presentar pruebas de ello, que viola de manera flagrante los derechos humanos, que ha destruido coaptando para convertirlas en incondicionales a las instituciones democráticas, que se ha ensañado con los niños, niñas y adolescentes, a 70 de los cuales mantiene detenidos violando las normas nacionales e internacionales que garantizan su protección; desafía groseramente a la comunidad democrática del mundo, sosteniendo que no entregará el poder, el 10 de enero de 2025, fecha establecida constitucionalmente para el traspaso del poder, al ganador de las elecciones, ciudadano Edmundo González Urrutia, quien se vio obligado a pedir protección a la Embajada de España en Venezuela, siendo trasladado en un avión del Estado español el 8 de septiembre de 2024 a Madrid, donde permanece como asilado.
El caso Venezuela merece la mayor atención, es una prueba a la consecuencia de la defensa de la democracia. ¿Cómo es posible que en un país alguien pierda una elección presidencial, se niegue olímpicamente a entregar el poder y no pase nada? Y que, además dicho régimen viole sistemáticamente los derechos humanos y siga haciéndolo impunemente, a pesar de haber sido tales violaciones constatadas por organismos de las Naciones Unidas, La Misión Internacional para Venezuela revela nuevos crímenes perpetrados en el período electoral | Noticias ONU, entre otros.
Lo que está en juego en Venezuela es la democracia como sistema de vida y es una prueba de fuego a la capacidad y firmeza de los países partidarios de la democracia para defenderla. La lucha planteada en Venezuela no es una lucha entre izquierda o derecha, la ideología que está en juego en Venezuela es la ideología democrática.
Los días pasan y ya el próximo 28/11/2024 se cumplen 4 meses de la victoria de Edmundo González Urrutia sin que el régimen imperante en Venezuela dé muestras de estar dispuesto a una transición pacífica, ordenada y en paz.
La continuidad de la dictadura en Venezuela tendría graves consecuencias para todos, no solamente para los venezolanos, sino también para muchos países vecinos y de otros continentes. La comunidad internacional además de la diplomacia, debe emplear todos los recursos y la fuerza necesaria para hacer comprender a la cúpula que controla el poder en Venezuela las consecuencias de sus actos. Es hora de acompañar consecuentemente al pueblo de Venezuela en su lucha por la democracia. Como hemos dicho, esto es un compromiso democrático, y además, como se asumió en el Programa Democracia, esto es un compromiso de cooperación internacional.
*Miembro del Comando ConVzla Islas Canarias y director general de la Asociación Araguaney (www.asociaciónaraguaney.org)